Albert Rivera: 'Multar con un millón de euros por no rotular en catalán es un atropello'

Conflicto

El presidente de Ciudadanos repasa las razones por las que la Ley de Comercio es inconstitucional

Madrid.- Albert Rivera ha pedido a la Defensora del Pueblo que recurra ante el Tribunal Constitucional la nueva ley de Comercio de Cataluña y en LA VOZ LIBRE explica las razones que le han llevado a tomar esta decisión. Considera indignante que se puedan a llegar a imponer multas de hasta un millón de euros por no rotular en castellano. Lamenta que en Cataluña no exista la libertad de elegir el idioma en el que rotulen sus negocios y muestra su más alto nivel de indignación con la posibilidad de que ciudadanos anónimos puedan denunciar a las personas que incumplan esta norma. Sin ninguna esperanza de cambio en el Gobierno de la Generalitat, desde Ciudadanos se aferran a que el Defensora del Pueblo eleve su propuesta al Tribunal Constitucional y ésta haga justicia.

- ¿Qué vais a hacer dese Ciudadanos para poner fin a este Código de Consumo?

- Vamos a llevar al Defensor del Pueblo el Código de Consumo ya que pensamos que es claramente inconstitucional. Considerábamos que lo era la ley de política lingüística vigente, que permite multar a los comerciantes por rotular en castellano y no hacerlo en catalán. Pero, además, con la sentencia del Estatuto queda bien claro que no se puede multar en el ámbito de la propiedad privada por la lengua oficial en la que se rotule. Eso le dice el fundamento de la sentencia y ejercemos nuestro derecho de recurrir al Defensor del Pueblo para evitar multas de hasta un millón de euros por rotular en castellano.

- ¿Cuáles son los puntos en los que el Código de Consumo entra en contradicción con la Constitución?

- El punto básico es la esencia del código cuando habla de derechos lingüísticos y del derecho de devolución lingüística que significa que cualquier catalán puede exigir a las empresas, a los establecimientos privados o a cualquier establecimiento abierto al público que se les atienda en catalán, que se les rotule en catalán y que tengan empleados que les hablen en catalán. Lo que dice la sentencia sobre este aspecto, y con la que está de acuerdo Ciudadanos, es que los establecimientos y los poderes públicos; como la Generalitat, el Estado o ayuntamientos sí tienen esa obligación; pero esa ley no se puede extrapolar al ámbito privado ya que va contra la libertad de empresa que está garantizada por la Constitución. Por lo tanto, en el ámbito privado rige la libertad y una cosa es ayudar al empresario a que rotule en las dos lenguas, al go que nos parece bien, pero pasar a sancionar, perseguir a los comerciantes y encima subir las multas hasta el millón de euros nos parece un atropello a la libertad de Empresa y a la Constitución.

- Con el precedente favorable que ha tenido la Ley de Acogida con la Defensora del Pueblo, ¿creen que con el Código de Consumo puede ocurrir algo parecido?

- Desde nuestro grupo votamos en contra de la Ley de Acogida y hemos apoyado que la Defensora lo lleve al Constitucional. Creemos que esta ley es todavía más flagrante, ya que la sentencia especifica claramente la diferencia entre el ámbito público y el privado. En el privado rige esa libertad y de ninguna manera se pueden imponer mediante multas una lengua oficial determinada. En este caso, nadie debería poder ser sancionado por rotular en castellano. Así que confiamos en esa línea de coherencia de la Defensora, que es la misma de la de su antecesor Enrique Múgica. Lo que está en juego es el derecho de los catalanes a rotular en la lengua oficial que quieran, pues no están cometiendo ningún delito. No hay país del mundo en el que por rotular en la lengua oficial del país se sancione a la gente y eso es lo que está ocurriendo en Cataluña. Esto es un despropósito. Hasta los propios creadores de la norma se dan cuenta de que esto es una barbaridad y un atropello.

- ¿Cree que el proceso será largo?

- La ley entró en vigor el pasado lunes y no queremos dejar pasar ni una semana para presentar la queja. El trato hasta ahora ha sido bueno y la propia Defensora ya dijo que abriría sus puertas a todos los catalanes que quieran llevar sus asuntos. Se lo agradeceremos en persona en cuanto tengamos oportunidad por abordar este debate al igual que lo ha hecho con la Ley de Acogida. Quiero hacer hincapié en que el Estatuto catalán pretendía prohibir a los catalanes dirigirnos al Defensor del Pueblo, lo cual era un peligro pero la sentencia los ha vuelto a abrir y podemos ejercer este derecho. Sin esa sentencia del Estatuto, no habríamos podido presentar esta petición.

- El Partido Popular ha anunciado que recurrirá esta ley ante el Tribunal Constitucional. ¿Están manteniendo contacto con ellos?

-Leímos esa nota de prensa pero la realidad es que tenemos poca confianza en que lo haga ya que tampoco llevaron en 1998 la ley de política lingüística cuando gobernaban con CiU. Nos parece que el PP está haciendo gestos mediáticos pero luego no acaba de llevar esta y otras leyes al Constitucional. Ojalá sea así y los animo publicamente ya que sería una buena noticia. De momento, sólo sabemos cosas por notas de prensa y no han tomado la decisión aún.

- ¿Cree que esta ley crea odio entre ciudadanos que conviven en un mismo territorio?

- Lo verdaderamente increíble e inmoral de esta norma es el hecho de que haya denuncias anónimas de ciudadanos. La ley indica que deben colaborar en esas denuncias en modo de deber implícito para sancionar a los que no cumplen con la Ley del Código de Consumo. Se está creando la figura del chivato para que denuncie a sus conciudadanos. Eso genera malestar y problemas para la convivencia. Ni se me ocurriría nunca denunciar a nadie anónimamente porque me atendiese en catalán o en castellano. Simplemente, defendemos que cada uno tenga la libertad de ir al negocio que quiera a comprar y si no le gusta que el rótulo esté en un idioma que se vaya a otro, pero no que denuncie y haya multas. Es un derecho del libre mercado.

- ¿Tenéis esperanza de que con esta decisión de la Defensora del Pueblo pueda cambiar la política de la Generalitat?

- Esperanza ninguna. Zapatero y Montilla ya han dicho que van a llevar hasta las últimas consecuencias el Estatuto y burlar la sentencia. Carod y Artur Mas también lo ha dicho. Lejos de cumplirla, van a esquivarla y cumplirla a rajatabla como ha dicho Montilla, que no ha dudado en sacar pecho pues no va a cambiar una coma. Por eso confíamos en que la Defensora del Pueblo garantice la igualdad de derecho de los españoles. No tengo ninguna esperanza en que haya algún cambio en el Gobierno pero sí en la justicia para que devuelva el sentido y se permita  rotular en la lengua oficial que se quiera. Tenemos esperanzas en el Defensor del Pueblo y que este lo lleve al Tribunal Constitucional para que ratifique las contradicciones de la ley con la Constitución.

- ¿Cuál es la solución para que se acabe este tipo de imposición lingüística?

- Si gobernáramos, derogaríamos la ley y anularíamos las sanciones. Ayudaríamos y fomentáramos a los empresarios a que rotulasen sus negocios en las dos lenguas oficiales. Primar el bilingüismo y no el monolingüismo desde la ayuda, y siempre defendiendo la libertad de cada uno.albert vozbcn

Fuente: La Voz de Barcelona

142 ayuntamientos financian parte de sus gastos corrientes con el Prisma 08-11

Un total de 142 consistorios madrileños han solicitado a la Comunidad financiar sus gastos corrientes a través Plan Regional de Inversiones y Servicios (Prisma) 2008-2011. Este Plan cuenta con una inversión de 700 millones de euros y como novedad, en esta edición, incluye la posibilidad de que los ayuntamientos destinen un 25% del presupuesto del Plan para sus municipios a sufragar el gasto corriente.

Con ello, el Gobierno regional ha querido priorizar este concepto sobre la inversión nueva con el fin de ayudar a las entidades locales en su financiación ante la complicada situación económica actual. Estos ayuntamientos madrileños han ejercitado esta opción, lo que supera un importe de 104 millones de euros. Hasta el momento, se han abonado los importes correspondientes a la anualidad de 2008 y 2009 y parte del 2010, que corresponde a 54 millones.

El viceconsejero de Presidencia e Interior, Alejandro Halffter, ha presentado los datos de este balance de solicitudes del Prisma 2008-2011 durante la visita a las obras que se llevan a cabo con estas inversiones en los barrios de Fuentesanta y Pozanco, en el municipio de Colmenar Viejo. En la localidad se ha invertido 7,9 millones, de los que 5,7 se han destinado a cinco actuaciones que ya están en marcha.

Todos los municipios madrileños han presentado a la Comunidad un total de1.403 solicitudes para realizar actuaciones de mejora de las instalaciones y servicios, a través del Plan 2008-2011. De ellas, 1.240 ya han sido dadas de alta con un importe de 440 millones, incluyendo actuaciones inversoras y gasto corriente, actuaciones supramunicipales y suministros.

Se han presentado 834 solicitudes para actuaciones para la construcción y mejora de equipamientos urbanos, infraestructuras y zonas verdes, de las que ya han sido incluidas 609 actuaciones, con un importe de 334,2 millones. Entre ellas se encuentran también 77 actuaciones dadas de alta que corresponden al apartado de suministros, con un importe de 4,6 millones.

El resto de solicitudes se encuentran pendientes de subsanación de documentación por parte de los ayuntamientos, con informe desfavorable y pendiente de ser completadas por los Consistorios, pendientes de la emisión del informe técnico o han sido dadas de baja por petición municipal.

Actuaciones supramunicipales

A través de este Plan también se destina una cantidad a actuaciones supramunicipales, aquellas que dan servicio a varios municipios, de las que se encuentran incluidas siete actuaciones de este tipo, por un importe de 16,2 millones de euros, entre las que se encuentran las obras del Juzgado de Torrejón de Ardoz; la piscina cubierta de Soto del Real; el Centro de Servicios de la Mancomunidad del Sureste -Misecam-.

Además se incluyen en este apartado el Plan de Parques Deportivos al Aire Libre, para dotar a los pequeños municipios de zonas de deporte para los mayores; la adquisición de un camión-colector para dar servicio a los municipios de El Molar, San Agustín de Guadalix y Guadalix de la Sierra; la construcción de los Juzgados de Navalcarnero y Pozuelo de Alarcón, y el equipamiento informático para la Mancomunidad de El Alberche. 

Fuente: Es por Madrid

Francesc de Carreras: ¿Todo vale en política?

El derecho a la crítica forma parte de la libertad de expresión, pero faltar a la verdad no.

Enrique Múgica, Defensor del Pueblo

El proceso estatutario ha hecho estragos en la calidad de la cultura política catalana. Ha sido especialmente nefasto el último año, desde que se comenzó a descalificar al Tribunal Constitucional tras filtrarse un borrador de la sentencia del Estatut en el que se declaraban inconstitucionales una notable cantidad de sus preceptos. Ahí comenzó, a muchos niveles, una campaña para que este alto órgano dejara de lado su independencia y dictara, prevaricando, una sentencia política. Si esta finalidad se hubiera conseguido, el Estado de derecho en España hubiera entrado en una grave crisis.

Afortunadamente, el Tribunal supo resistir tan duros ataques y ha aprobado una sentencia de la que, por supuesto, se puede discrepar, pero no negar que en sus razonamientos prevalece la razón jurídica, la única que puede utilizar un órgano jurisdiccional. El mal, sin embargo, ha cundido: en Catalunya parece que el Estado de derecho, el sometimiento del poder político a la ley, importa poco.

Esta semana estamos asistiendo a una lamentable serie de declaraciones sobre la interposición por parte del Defensor del Pueblo, cargo desempeñado en funciones por María Luisa Cava de Llano, de un recurso de inconstitucionalidad contra la ley catalana de acogida de inmigrantes. De entrada el presidente Montilla ha descalificado a la Defensora: “Es un recurso que no tiene sentido. Cava es una antigua diputada del PP, está en funciones y debería haberse abstenido”. Sinceramente, presidente, lo que no tiene sentido es su declaración: ¿qué tiene que ver su antigua condición de diputada con el deber de abstenerse en el ejercicio de sus funciones? Nada, presidente, absolutamente nada. Es una declaración si fundamento alguno.

Pero a Montilla se le adelantó su conseller Huguet, que aún la dijo más gorda. Sin saber, supongo, que el señor Enrique Múgica ya no era Defensor, le atribuyó la responsabilidad de interponer el recurso y lo llamó, por tres veces, en un alarde de auténtica memoria histórica, “falangista”. El derecho a la crítica forma parte de la libertad de expresión, pero faltar a la verdad no.

Que una personalidad como Enrique Múgica sea tachado de falangista por un conseller de la Generalitat es algo que nunca hubiera pensado que podía llegar a suceder. Múgica fue un luchador antifranquista desde su primera juventud, allá por los años cincuenta. Pasó por las cárceles franquistas; a pesar de ello nunca dejó de seguir enfrentándose a la dictadura, que algo tuvo que ver con los falangistas, y ha sido un personaje clave en el PSOE y en la nueva democracia. Una trayectoria coherente e impecable. Que tras pronunciar tan indigna barbaridad el conseller Huguet no haya sido cesado, no lo entiendo. Será, probablemente, que el “todo vale” se ha apoderado de la política catalana en este triste final de legislatura.

Francesc de Carreras, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona (U.A.B.).

Ciudadanos (C's) agradece a la Audiencia nacional que impida el homenaje a la colaboradora de ETA Laura Riera

El portavoz de C's denuncia la actitud de Montilla: 'Es vergonzoso que Montilla haya asegurado no tener constancia de este homenaje'

Ciudadanos (C’s) agradece a la Audiencia Nacional que haya decidido finalmente prohibir el homenaje a Laura Riera, colaboradora del 'comando Barcelona', que se iba a celebrar mañana, sábado 21 de agosto, con motivo de su excarcelación tras nueve años de condena, tras las sucesivas reivindicaciones de C's, que instó a la Audiencia, a la Fiscalía, al ayuntamiento y al Departamento de Interior a prohibir este acto.

El portavoz de C’s, Jordi Cañas, ha manifestado su satisfacción y espera que “el conseller Saura obedezca el auto del juez”, que insta al Departamento de Interior y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a adoptar “las medidas necesarias para evitar la celebración del acto, que conllevaría la comisión de un delito de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas”.

Además, Cañas ha denunciado la actitud del presidente Montilla ante este tema: “Es vergonzoso que el presidente de la Generalitat asegure no tener constancia de que se fuera a celebrar este homenaje con el amparo del ayuntamiento, un acto que suponía un insulto a las víctimas de ETA y a sus familias al hacer apología del terrorismo en la vía pública”, aunque, según asegura Cañas, “no resulta extraña esta actitud viniendo de un presidente que se dedica a llamar a la insumisión y a desacreditar al Estado de derecho, como ha puesto en evidencia tras sus últimas declaraciones sobre el recurso que ha presentado la Defensora del pueblo en funciones a la Ley de acogida de inmigrantes”.

En este sentido, añade: “Es intolerable que el presidente Montilla hable peyorativamente del pasado como militante del PP de la Defensora del Pueblo en funciones teniendo en cuenta que él ha compartido gobierno con miembros de ERC que habían sido miembros de Terra Lliure”.

Ceuta: Un guardia civil casi fue linchado en una violenta emboscada

Estado del coche patrulla

El agente intervenía en una actuación para recuperar un vehículo robado cuando un grupo de 50 personas lo agredió violentamente e intentó arrebatarle el arma. La algarada fue reprimida con métodos antidisturbios.

Varios agentes de la Guardia Civil fueron agredidos ayer, en el transcurso de una actuación policial, por un grupo de personas que se ensañó con los miembros de la Benemérita, siendo incluso necesaria la intervención de efectivos de antidisturbios ante lo que se convirtió en una virulenta emboscada contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Uno de ellos estuvo a punto de ser linchado por una multitud en un intento por quitarle el arma oficial.

Los hechos se sucedieron sobre las 16.45 horas, cuando varios agentes de la Comandancia realizaban un punto de control y verificación en las inmediaciones de Loma Colmenar, momento en el que observaron la llegada de un vehículo marca Peugeot-306, y con matrícula 8910GWC, ocupado por el conductor y un acompañante, sobre el que habían dado aviso de que, presuntamente, había sido sustraído en la barriada Miramar. Al dar la indicación de parada en el punto de verificación, el conductor aceleró apresuradamente, dándose a la fuga e intentando atropellar en su huida a uno de los componentes de la Guardia Civil que realizaban el servicio.

Seguidamente se procedió a perseguir a los huidos, los cuales habían alcanzado la barriada del Príncipe Alfonso para abandonar el vehículo en las proximidades de la calle San Daniel y darse a la fuga a pie por las calles adyacentes.

Una vez el vehículo oficial alcanzó el lugar donde se encontraba el coche un grupo de aproximadamente 50 personas, algunas provistas de pasamontañas para ocultar su identificación, comenzó, sin que existiera motivo razonable alguno, un masivo y desproporcionado lanzamiento de piedras y objetos contundentes que impactaron de forma directa con el vehículo de la Guardia Civil. Pese a ello, uno de los dos agentes que efectuaban el seguimiento bajó del vehículo oficial con la intención de recuperar el vehículo sustraído, momento en que fue físicamente agredido por varias de las personas concentradas en el lugar que intentaban robarle tanto el arma como las llaves del vehículo.

Dada la gravedad de la situación planteada, se dispuso un apoyo inmediato de otras patrullas de la Guardia Civil, así como del Cuerpo Nacional de Policía y Policía Local para poder auxiliar a los dos componentes de la Guardia Civil y retirar el vehículo oficial de la zona. Durante dicha acción, y dada la desproporción de la agresión que ponía en evidente riesgo y peligro la integridad física de las Fuerzas de Seguridad, se utilizaron medios antidisturbios proporcionales a conseguir minimizar y repelar la actuación vandálica.

Posteriormente, el agente fue asistido en el hospital de las lesiones que presentaba. Igualmente, y según comunicaban fuentes de la Guardia Civil, se produjo el ingreso de un civil, que decía haber recibido el impacto de un objeto contundente sin que pueda concretarse de qué parte provino ni que lo ocasionó.

Con el fin de evitar una situación de mayor gravedad, y a fin de que la población civil que no intervenía en estos lamentables hechos pudiera ser víctima de acciones involuntarias que le ocasionara daños personales o materiales, se decidió abandonar la zona, instruir diligencias y continuar con las diligencias que se saldaron con la detención de uno de los presuntos agresores.

Un zeta de la Policía Nacional se encargó anoche de custodiar el vehículo presuntamente robado dada la imposibilidad de que una grúa lo trasladara hasta dependencias policiales.

Datos

Presunto robo

La Guardia Civil sopesa que el vehículo robado no era más que una estrategia de cara a emboscar a los agentes. De ahí que barajan que se tratara de un “presunto” robo para atraer

a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado hasta

el Príncipe y agredirlos violentamente.

Agredido

El guardia civil agredido fue el que rescató a varios de los accidentados en la explosión de Fuerte Mendizábal el pasado mes de marzo cuando realizaban la voladura del terreno. Este agente salvó la vida a varias personas hasta que llegaron los efectivos médicos.

Pistas

Dado que el vehículo presuntamente robado pudo ser recuperado, ahora las investigaciones se enfocan a obtener las huellas dactilares de sus ocupantes.

Un detenido

Los violentos altercados ocurridos ayer en el Príncipe culminaron con la detención de uno de los agresores.

Los apedreamientos más recientes destacan por su virulencia

Emboscada a efectivos

Bomberos y Policía fueron víctimas de una violenta emboscada el pasado 12 de abril cuando varios individuos con el rostro cubierto improvisaron unas barricadas con las vallas de varias obras que se ejecutan en la barriada. Fue uno de los capítulos más virulentos vividos en el Príncipe.

Apedreamientos al SEIS

El pasado 11 de mayo el Cuerpo de Extinción de Incendios y Salvamento fue víctima de un apedreamiento cuando acudió a sofocar un incendio en el puente del Quemadero. Una piedra impactó en la luna delantera, aunque no hubo que lamentar daños personales.

Detenciones

Cuatro menores fueron detenidos la pasada semana por apedrear un autobús y un zeta de la Policía Nacional. Dos de ellos ingresaban en el centro de Menores de Punta Blanca. Una quinta persona, mayor de edad, también fue arrestada y está a la espera de juicio.

Fuente: El Faro Digital de Ceuta

Ciudadanos (C's) consigue que la Fiscalía solicite la prohibición del homenaje a Riera en Gràcia

Jordi Cañas: 'Gracias a la decidida acción de C's puede evitarse un acto que supone un insulto a las víctimas del terrorismo y a sus familias'

Ciudadanos (C's) ha manifestado su satisfacción después de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional haya decidido finalmente solicitar la prohibición del homenaje a Laura Riera, colaboradora del 'comando Barcelona', el próximo sábado con motivo de su excarcelación tras nueve años de condena, tras las sucesivas reivindicaciones de C's.

“Gracias a la decidida acción de C's puede evitarse un acto que supone un insulto y una humillación a las víctimas del terrorismo, a sus familias, y, en definitiva, a todos los ciudadanos”, ha declarado el portavoz de C's, Jordi Cañas, y añade: “Barcelona no puede ser una zona franca de los que apoyan y hacen apología del terrorismo; no puede haber espacios de impunidad para aquellos que amparan la violencia política”.

Cañas ha recordado que C's presentó ayer una instancia al ayuntamiento para exigirle por escrito que prohibiese este homenaje, por lo que lamenta que “haya sido la Fiscalía y no el ayuntamiento quien haya instado a prohibir el acto”: “Esto evidencia a un alcalde como Hereu y a un partido, el PSC, que han perdido la brújula de la ética y que se han convertido al nacionalismo más excluyente y radical, al permitir que aquellos que representan una amenaza para la democracia y la convivencia conviertan las calles de Barcelona en un espacio para la apología del terrorismo”.

Ciudadanos (C's) exige por escrito al ayuntamiento que impida el homenaje a colaboradoras de ETA en Gràcia

Jordi Cañas: 'Con esta instancia queremos evitar que el ayuntamiento alegue, como hasta ahora, que no tiene constancia de estos actos'

Ciudadanos (C’s) ha presentado una instancia al ayuntamiento de Barcelona para exigirle que impida la celebración de los actos previstos el día 21 en Gràcia, en homenaje a colaboradoras del “comando Barcelona” de ETA, y que retire los carteles que se han colocado por el barrio de Gràcia para publicitar estos homenajes.

Jordi Cañas

De esta forma, C’s manifiesta por escrito la solicitud que ha hecho en los últimos días para que el alcalde Hereu prohíba “estas celebraciones que harán apología del terrorismo en un espacio público, atentando gravemente contra la convivencia y la dignidad de los ciudadanos, además de constituir un delito y un insulto hacia las víctimas de ETA y sus familias”. “Con esta instancia queremos evitar que el ayuntamiento alegue, como hasta ahora, que no tiene constancia de estos actos”, argumenta el portavoz de C’s, Jordi Cañas.

C’s ha anunciado que en caso de que el alcalde Hereu y el conseller Saura no impidan estos actos pedirá sus correspondientes dimisiones y recuerda que ya ha solicitado la intervención de la Fiscalía y de la Audiencia Nacional para que impidan estos actos, que pueden celebrarse con la complicidad del alcalde de Barcelona y del conseller de Interior.

C’s alerta que, si las administraciones no lo impiden, el próximo sábado tendrá lugar por un lado, un homenaje a Laura Riera, con motivo de su excarcelación tras nueve años de condena por su colaboración en el “comando Barcelona”, responsable, entre otros, del asesinato del concejal de Viladecavalls, Francisco Cano, y, por otro lado, una marcha de antorchas por las todavía presas Lola López y Marina Bernadó, también colaboradoras de este comando en los noventa.